Se incorpora la regulación de la accesibilidad cognitiva en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles 17 de junio de 2020 la proposición de ley que plantea modificar la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para incorporar la regulación de la accesibilidad cognitiva en el Estado español. Plena Inclusión y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) celebran la tramitación de esta iniciativa legislativa, cumpliendo uno de los mandatos recogidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado de obligado cumplimiento por parte de los Estados que lo han ratificado, entre los que figura España.

«La accesibilidad hace que las personas con discapacidad puedan vivir sin barreras y participar en la sociedad», ha remarcado el senador Tomás Marcos en la toma de consideración, que resaltaba, además, que «todas las personas tienen los mismos derechos». Esto permitirá avanzar en el objetivo de eliminar obstáculos para una mayor participación e inclusión social de las personas con discapacidad.

El senador ha asegurado que el objetivo fundamental de la proposición que se presenta «es esencial para impulsar la inclusión social libre de barreras, la igualdad de oportunidades para contruir una sociedad y un entorno igual para todos, y la no discriminación de las personas con discapacidad intelectual».

La accesibilidad cognitiva facilita el entendimiento de textos, cosas o sitios, como por ejemplo la carta de un banco, visitar un museo o ir al médico. Esto ayuda a personas con discapacidad, a personas mayores, a las personas que visitan o viven en España que no conocen bien el idioma, así como las personas que no saben leer bien. Estas ideas pretenden que los textos sean de lectura fácil para hacer comprensible su comunicado y, en resumen, beneficiar no sólo a un conjunto, sino a todas las personas.

La proposición de ley impulsada por el sector de la discapacidad propone un plazo de dos años para la aprobación de un plan nacional y la creación de un Centro de Referencia Estatal de Accesibilidad Cognitiva. Esta ley beneficiará a una gran parte de la población con dificultades de comprensión, entre las que se encuentran personas con discapacidad intelectual, con trastornos de salud mental, personas mayores o autismo, esto es, aproximadamente nueve millones y medio de personas.